MUJERES EN LA CIENCIA: ANA FLORENCIA SCLANI HORRAC

10 de Septiembre de 2018


MUJERES EN LA CIENCIA: ANA FLORENCIA SCLANI HORRAC

 

Como mujer latinoamericana, muchos temas han rondado en mi cabeza desde el comienzo de la carrera de grado teniendo la certeza de una búsqueda como investigadora para entender problemáticas sociales complejas de mi país y la región en la que he nacido. Ya siendo geógrafa, me interesó profundizar sobre la temática del cannabis y su prohibición en Argentina, dándole continuidad a la tesina con la que obtuve el título de Licenciada. Esta relación entre una planta y las políticas que atañen a las sustancias que son consideradas ilegales –entre las que ésta se encuentra-, atrajo un conjunto de reflexiones y ciertas curiosidades que intentan develar las verdaderas razones de la inclusión de la marihuana (o mejor, cannabis) en las listas de sustancias consideradas “estupefacientes” según la ONU. A nivel internacional, resulta clave identificar la evolución de la política de las Naciones Unidas: las convenciones de 1961 sobre estupefacientes, el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 y, diez años después su corroboración, un plan de acción conocido por el lema: Un mundo sin drogas. ¡Podemos conseguirlo! Sobre el referido plan, la comunidad internacional acordó un programa de actividades para el control del consumo y los mercados de drogas ilegales por una década.

Los acuerdos se llevaron a cabo en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés), celebrada en Nueva York en junio de 1998, donde también se logró el compromiso de revalorar la situación una vez transcurrido el período. Era un objetivo falaz y el impacto de esta guerra ha sido analizado por diversos autores. La siguiente cita de Ivan De Rementería en el artículo Cien años de crueldad y fracasos sanitarios del año 2009 lo explica con claridad: “La guerra de las drogas es la forma encubierta de controlar a toda la sociedad, pero sobre todo a sus segmentos más vulnerables, mediante el uso organizado de la violencia pública y social, el poder penal y el poder mediático. Está claro que la criminalización de las drogas tiene como finalidad la criminalización de los pobres, los jóvenes, las mujeres, los migrantes y otras minorías: las más vulnerables y, por lo tanto, las más peligrosas. Los pobres del campo –los campesinos del Tercer Mundo– se han criminalizado sobreviviendo gracias al cultivo de sustancias ilícitas, mientras que los pobres de la ciudad se han criminalizado trabajando en la provisión minorista de drogas (el microtráfico)”. Esto es particularmente cierto para los jóvenes, que suelen presentar índices de desempleo y pobreza que duplican o triplican los de los adultos, y en especial para las mujeres, más pobres que los hombres y obligadas a conducir casi la mitad de los hogares monoparentales, muchas veces sobreviviendo con sus familias mediante la provisión de drogas al menudeo.

La mal llamada guerra contra las drogas fracasó, pero no sólo por su ineficiencia en reducir el poder del narcotráfico, sino en que no pudo esconder su perversidad ni su fundamento moral y de control. La guerra contra las drogas -sustentada en la prohibición- reproduce el narcotráfico y aumenta también el consumo, la violencia represiva y la segregación social. Desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos, la guerra contra las drogas ha afectado principalmente a los países más desfavorecidos. En 2013, en el texto de R. Room Políticas Púbicas sobre Cannabis se afirma “En el mundo desarrollado, es fácil pasar por alto las consecuencias no deseadas de la guerra contra las drogas, incluidas las continuas violaciones a los derechos humanos, ya que son éstas las que sufren sobre todo los propios consumidores, en particular porque las actuaciones discriminatorias llevan a tasas de arresto significativamente mayores entre los más desfavorecidos y las minorías. No obstante, en los países productores o de tránsito, como América Latina, las consecuencias de esta guerra se han extendido aún más y no sólo las padecen los campesinos, sino también poblaciones enteras debido a la desestabilización de los sistemas políticos y sociales por la corrupción, la violencia y el colapso institucional”.

Los beneficios económicos también se distribuyen en forma desigual: el tráfico de drogas es uno de los negocios más rentables del planeta y en gran parte está motivado por las dificultades y riesgos que impone su desenvolvimiento en la ilegalidad. Los fondos que genera son necesarios para los países productores dadas sus condiciones estructurales de profunda necesidad de divisas. Sin embargo, la mayor parte del dinero termina en los países consumidores. Según  François Polet, Washington pierde su “guerra contra las drogas”. Así lo explica para Le Monde Diplomatic en 2014, “las redes mafiosas se beneficiaron del masivo empobrecimiento de los perdedores de la globalización, rurales o urbanos, éstos constituyen un ejército de reserva inagotable para la producción y el transporte de drogas”.

Como es evidente, esta guerra supuesta “contra” las drogas fue y aún es imposible de ganar, ya que en verdad aumenta la criminalidad y la corrupción a la vez que sobrecarga los aparatos judiciales. La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, que es un organismo que reúne instituciones internacionales críticas de la guerra contra las drogas, en su informe anual para 2011 establece algunas recomendaciones y la tercera de ellas propone “incentivar que los gobiernos experimenten con modelos de regulación legal de las drogas (como el cannabis, por ejemplo) diseñados para minar el poder del crimen organizado y salvaguardar la Salud y Seguridad de sus Ciudadanos”.

A partir de estas breves citas, pretendo mostrar que el crecimiento de la violencia que la supuesta “guerra contra las drogas” generó desde los años 70´s en adelante, me condujeron a una indagación sobre el lavado de activos y los actores visibles e invisibles de estos circuitos de producción y distribución. En los últimos años, a través de mi trabajo de investigación doctoral y de las colaboraciones en revistas, he podido acercarme a través de entrevistas y observaciones en campo, al mundo de quienes se encuentran dentro y fuera del movimiento por la regulación de la planta, ya sea para su uso terapéutico o adulto (llamado también “recreativo”). Allí, las mujeres han hecho escuchar su voz y a través de ellas, conocí las mayores injusticias que atraviesan la vida de muchas latinoamericanas que han obrado como “mulas”, campesinas productoras y usuarias criminalizadas por las leyes prohibicionistas y abstencionistas.

Por supuesto, es evidente en nuestra región que pese a los supuestos intentos de reducir los daños que las drogas y su venta generan, la violencia, las ganancias y las complicidades corruptas de los estados que reprimen y prohíben la planta de cannabis han logrado solo aumentar el poder de quienes se enriquecen con este tipo de comercio. Así, los paradigmas en políticas vinculadas a las “drogas” en el mundo entero, revelan distintos modos de abordar problemáticas que se actualizan y re significan cobrándose la vida de miles de personas para enriquecer a quienes más poder han adquirido. A cambio, sólo han sido estigmatizados los derechos de las poblaciones más vulnerables. Estas son las razones por las que me he volcado al estudio geopolítico del cannabis en particular, ya que éste representa el 75% del consumo de drogas ilegales en el mundo. Sin el cannabis en las listas de sustancias prohibidas, no se justifica una guerra como ésta.

Si bien suele entenderse a la geopolítica como conflictos de poderes para el control de territorios, sus riquezas y de los hombres que la producen; la geopolítica de drogas empezó a adquirir sentidos a medida que aumentó el uso, la comercialización y la coyuntura internacional de prohibición y represión de sustancias que denominan “estupefacientes”. Este método geopolítico requiere superar la descripción lineal y binaria de rutas entre zonas de producción hasta los consumidores finales, sino transformarla en un análisis integrado y de realidades en movimiento. La creciente importancia en pensar la Geopolítica de Drogas en América Latina refiere a la superación de sus acepciones meramente descriptivas constitutivas y lograr conjugar intereses en juego en los territorios estudiados.

Nuestra región latinoamericana es una zona que posee características únicas, demográficas y ambientales, que se traducen en conflictos reales, palpables y cotidianos que ameritan, a mi entender, su estudio en un Doctorado en Ciencias Sociales ya que los comparten hombres y mujeres desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Estas realidades y su análisis pretenden conformar (junto a otros investigadores e investigadoras) algún aporte académico a un tema de emergencia social relevante y donde se requieren soluciones concretas y sensatas.

Creo que este mundo de hoy nos interpela a generar redes de información, trabajo y apoyo  que contribuyan a la desestigmatización de la pobreza y a la descriminalización de las personas vinculadas al cannabis y otras sustancias consideradas ilícitas, sobre todo las que son más vulnerables como las minorías que representan los jóvenes, las mujeres y en general los sectores más pobres. Juntarnos para empoderarnos y crecer compartiendo las diversas realidades, debates y propuestas de nuestros países ante estas vivencias que en el cotidiano afecta los derechos de miles de personas. Es necesario hacer nuestros aportes visibles, gestionar oídos, miradas y corazones para nuestras voces y reconocernos en nuestros trabajos.

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En entrevista realizada por la autora a productores y productoras de cannabis y hoja de coca de la comunidad indígena Nasa en Corinto, Colombia en 2015. Wilmer, un joven indígena del Cabildo López Adentro, de Autoridad Tradicional Indígena de Pilamo, Municipio de Caloto, Cauca, muestra los cultivos que por tres generaciones producen de modo familiar en sus territorios, con la supervisión y permiso de las ancianas Nasa y con permiso de la alcaldía de Corinto. Ph: Nicolás Malasartes (Brasil)

Ana Florencia Sclani Horrac es Licenciada en Geografía y alumna regular del Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como Becaria de Investigación de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP).

Su trabajo de investigación como graduada becaria con sede en la  Universidad Nacional de La Plata se trata de un análisis del caso del Movimiento Cannábico en Argentina.

Ha sido premiada en 2016 en el Concurso “Acceso y Democratización de Derechos” convocado por el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, la Secretaría de Derechos Humanos; Defensoría del Pueblo y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ha publicado artículos en revistas y ha participado exponiendo y moderando en congresos internacionales y a nivel nacional, en capítulos de libro y notas de prensa a modo colaborativo.

Su trabajo “Usuarios de cannabis como sujetos con derechos vulnerados” ha sido publicado en 2016 por la revista Pensamiento Penal y está disponible en el Repositorio Digital de la CIC. Dirección de acceso a la obra: http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/5177